Por Camila Castro
En una industria donde la velocidad parecía ser el único mandamiento, Francia ha decidido poner el freno. Literalmente. El Senado francés ha aprobado una ley que podría marcar un antes y un después en la historia de la moda global: una legislación que ataca directamente a los gigantes del ultra-fast fashion, como SHEIN y Temu, con impuestos ecológicos, restricciones publicitarias y medidas de transparencia obligatoria. Y aunque parezca una decisión local, lo que está en juego aquí es mucho más grande: la posibilidad real de repensar qué entendemos por moda en pleno 2025.
Francia, una vez más, se posiciona como pionera en una nueva forma de pensamiento. Ya lo hizo hace más de dos siglos cuando, con la Revolución Francesa, encendió la mecha de la libertad y la igualdad en el mundo occidental. Hoy, vuelve a plantarse con determinación, esta vez frente al consumo desmedido, la contaminación textil y la cultura del descarte que rige gran parte de la industria. Porque no es solo una ley: es un manifiesto moderno que redefine el papel del Estado, del consumidor y de la moda misma.
Desde hace años venimos hablando del impacto ambiental de la industria textil. Sabemos que produce más del 10% de las emisiones globales de CO₂, que genera 92 millones de toneladas de residuos textiles al año y que, entre 2000 y 2015, la producción global de ropa se duplicó, mientras que el número promedio de usos por prenda cayó en picada. Pero saberlo no ha sido suficiente. Hasta ahora.
Francia ha decidido pasar del discurso a la acción. A partir de 2025, cada prenda vendida por marcas de ultra-fast fashion tendrá un impuesto ecológico de cinco euros, que aumentará a diez euros en 2030. Y si bien este recargo no podrá superar el 50% del precio del producto (para no afectar la accesibilidad), la señal es clara: quien contamine, paga.
Este dinero no se irá al aire, sino que será reinvertido para apoyar a productores franceses que apuestan por prácticas sostenibles. Se busca que la sostenibilidad no sea solo una responsabilidad moral, sino una ventaja competitiva real.
Además, la ley prohíbe totalmente la publicidad de marcas que no cumplan con los estándares ambientales. Esto incluye tanto medios tradicionales como plataformas digitales y redes sociales. Influencers que promocionen estas marcas podrían incluso enfrentar sanciones. El mensaje es contundente: la popularidad no puede justificar la irresponsabilidad ambiental.
Pero lo más interesante quizás está en la transparencia obligatoria. A partir de ahora, las marcas deberán incluir información sobre las emisiones de carbono, el uso de recursos y el nivel de reciclabilidad de sus productos. Todo esto estará resumido en un eco-score, una especie de semáforo ambiental para cada prenda. ¿Suena ambicioso? Lo es. ¿Necesario? También.
Algunas voces ya han señalado cierto tinte proteccionista en el hecho de que marcas europeas como Zara o H&M estarán sujetas a las reglas de transparencia, pero no a los impuestos ni a las restricciones publicitarias más severas. Sin embargo, más allá de ese debate, lo importante es que el sistema se está replanteando.
Porque más allá del impuesto, lo que está en juego es un cambio cultural. La moda rápida no solo contamina el ambiente; también contamina nuestra percepción del valor. Hemos aprendido a vestirnos como si todo fuera reemplazable, como si nada tuviera historia, ni cuidado, ni tiempo detrás. Comprar, usar, tirar. Y repetir. Pero Francia parece querer romper ese loop.
